Gestión ambiental en el ordenamiento jurídico internacional relacionándola con las implicaciones gerenciales de la problemática ambiental global, nacional y regional. Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

                    DESCENTRALIZACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN

 

El debate actual sobre la descentralización de la gestión ambiental en el Ecuador pone de manifiesto un fenómeno de sentidos contrapuestos: ¿voluntaria u obligatoria, mecanismo o fin de conservación, política u operativa, holística o sectorial, vertical u horizontal, definición vs. Implementación de política ambiental… realidad o ficción? Esto presenta las experiencias y reflexiones de varios actores vinculados a la puesta en marcha de la gestión ambiental descentralizada, en las cuales se observa este tipo de dilemas para la gobernanza ambiental, vista ésta como un proceso interactivo para la construcción de principios, normas, reglas y procedimientos de manejo, control y seguimiento al uso adecuado de los recursos naturales entre la autoridad ambiental (nacional o local), la ciudadanía y sus demandas, las organizaciones y movimiento ambiental, así como de los intereses de agentes económicos globales, nacionales o local.

El proceso de descentralización evidencia esfuerzos por institucionalizar a través de diversos mecanismos, una propuesta acorde con la “modernización” de la economía y sociedad nacional con implicaciones ecológicas de todo tipo, pero también para “democratizar” y hacer más “eficiente” la gestión pública en materia ambiental, sobre todo después de la Constitución vigente de 2008. Sin embargo, en el nivel operativo de una política ambiental de carácter nacional, si se contrasta los procedimientos aplicados frente a los objetivos esperados de una gestión ambiental descentralizada en escenarios locales, los resultados lucen por el momento, poco consistentes con la conservación y el desarrollo sustentable en los diferentes escenarios de gestión local: áreas de protección, patrimonio forestal y bosques protectores, centros urbanos, parques industriales o zonas costeras.

Bajo este esquema de desarrollo socioeconómico, el país ha visto desde fines de la década de 1950, la creación de unidades de conservación –con Galápagos a la cabeza- que para 1970, cuando se inició el “boom petrolero”, consolidaron el actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), como un mecanismo privilegiado de conservación de la biodiversidad. Posteriormente, producto de la presión de organizaciones ambientalistas y ecologistas, el país definió sus políticas ambientales básicas en 1993, reconociendo una serie de principios y garantías desarrollados por la legislación y el movimiento internacional ambiental (Suárez, et. al, 2001; Suárez y Albán, 2001), los mismos que comprometen al Estado con los fines del desarrollo sustentable, sobre todo después de Río 92 y la marcha indígena contra los 500 años. Los primeros textos normativos sobre descentralización de 1997, por su parte, se asocian a los bien conocidos programas de ajuste estructural (PAE), cuya finalidad era modernizar el Estado, vía reducción de su tamaño, competencias y funciones, dando apertura a la gestión privada y la inversión privada en sectores económicos estratégicos. Con estos antecedentes, el actual Ministerio del Ambiente del Ecuador, con su creación cerró un ciclo que centralizó la definición y gestión de la política ambiental en el país, en 1999.

Se asume a la descentralización como un instrumento válido para la modernización y/o la democratización de la gestión pública en el país, pero la justificación de su pertinencia es genérica, sin mayores consideraciones sobre las diferencias regionales (geográficas, económicas, históricas o administrativas), así como de los criterios que mantienen la unidad nacional en medio de una enorme diversidad regional. El hecho de que el Estado no tenga la misma presencia en Guayaquil que en la Amazonía, ni que se maneje de la misma manera en Quito que en Galápagos, nos dice que los estudios sobre esta materia, deberían complementarse con otro tipo de análisis, referidos al espacio y la construcción de región y/o localidades en el país.

La descentralización de la gestión ambiental, como materia de debate actual entre las autoridades de gobiernos locales, funcionarios, ONG y ciudadanía, remarca una consideración fundamental: la solicitud de transferencia de competencias, depende de las capacidades institucionales, presupuestarias e incluso de recurso humano de las que dispongan los municipios, para operar de manera eficiente en un modelo descentralizado. Frente a las capacidades presentes, algunos municipios y sus autoridades han sido muy claros sobre las implicaciones del modelo de descentralización para su institución y se mantienen a la espera de generar condiciones mínimas que aseguren la operación de las competencias ambientales. Sin embargo, esta consideración actual no siempre ha sido tal, ya que es frecuente escuchar entre los funcionarios de entidades de gobierno local, que la descentralización ha sido vista más como una cuestión de “decisión política”, más que técnica o de capacidades.

Este es un momento para reflexionar sobre lo que ha sido el proceso de descentralización en materia ambiental. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la gestión ambiental en el país. La gestión ambiental nace desde la sociedad civil con la acción de las ONG preocupadas por el cuidado del ambiente, y poco a poco va institucionalizándose, hasta que finalmente en la década de los 90s se forma el Ministerio del Ambiente. Desde esa época hemos tenido varios procesos dónde el Estado y la sociedad civil han interactuado, hasta que en un momento se planteó el tema de la descentralización, con nuevos actores, en este caso los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales en la gestión ambiental. Ahora, años después de que inició el proceso de descentralización, debemos preguntarnos: ¿Qué ha pasado? ¿A quién ha beneficiado esta descentralización? ¿Cómo se la ha hecho? ¿Se contó o no con recursos? ¿Había personal capacitado? ¿Cómo fueron las relaciones entre el Ministerio del Ambiente y los gobiernos seccionales? ¿Qué estaban esperando estos gobiernos recibir en la tarea de la gestión ambiental, el manejo de una área protegida, el manejo de una cuenca? Estas reflexiones nos van a servir para guiar la discusión. No se trata de quedarnos solamente en una acusación de quién tuvo la culpa o quién no hizo bien las cosas, sino de mirar al futuro y pensar que en este país el mayor capital que tenemos es el capital natural. Todavía no se ha podido dimensionar cómo la biodiversidad es o se puede convertir en un recurso estratégico para el desarrollo sostenible de nuestro país. ¿Cómo hacemos para que estos procesos beneficien tanto a esas comunidades locales que están directamente ligadas al agua, aire, clima y suelo fértil de esa biodiversidad que les rodea, como al ciudadano común que camina en las calles de Quito o Guayaquil? ¿Cómo hacer para que estos procesos efectivamente se conviertan en una mejor calidad de vida para todos? Compartimos esta iniciativa con el Ministerio del Ambiente, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y los gobiernos parroquiales. También comparte con nosotros esta iniciativa la que como ustedes saben es por el cuidado de nuestro medio ambiente y el desarrollo sostenible. Creemos que con vuestro contingente vamos a tener los distintos enfoques sobre la descentralización, para poder analizar y debatir si realmente estamos logrando este desarrollo sostenible para todas y todos los ecuatorianos.

¿A quién le interesa el asunto de la descentralización de la biodiversidad o cómo entender eso en un país que tiene una riqueza tan importante en ese nivel? La respuesta que yo tengo es simplemente que la descentralización es lo que se llama una polisemia y puede significar muchas cosas distintas. Para mí no existe una descentralización, existen varios modelos posibles y quiero señalar los dos peligros de los dos extremos. Una excesiva descentralización que puede disminuir el rol del Estado nación en el manejo gestión y negociación de derechos sobre un recurso estratégico como es la biodiversidad, me parece indispensable si es que nosotros tenemos que cada municipio puede establecer negocios en biodiversidad, licencias o acuerdos de prospección por su cuenta. Nosotros creemos que el Estado como tal o en conjunto se va a ver enormemente debilitado por el excesivo fraccionamiento. El otro es la distancia: si es que solamente el Estado y una oficina del Ministerio de Agricultura se preocupan de manejar la biodiversidad y no están participando las comunidades, municipios, cantones, provincias, organizaciones de habitantes locales, entonces nosotros tenemos que la política es una entelequia elaborada en una oficina ministerial. Me parece que este es una caso bastante concreto en el cual es necesario nivelación de niveles y la participación de toda la estructura desagregación pero se necesita roles importantes una estabilidad a nivel del Estado nación. Gracias.

Derecho Ambiental 

REFERENCIAS

• https://www.ecologiaverde.com/que-es-el-derecho-ambiental-2641.html
• file:///C:/Users/Andrea/Downloads/Orientaciones%20Tarea%202_Blog%20(1).pdf
• https://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/9180.DESCENTRALIZACION_GA_ECU.pdf

AUTORA: Carmen Edita Vera

Dra. Luisa Arismendi Collantes

 Docente-Investigador UNY